El director de Plena inclusión, Enrique Galván, explicó ayer en el Telediario de TVE la inversiones y gastos que los centros y servicios de esta organización han de asumir para adaptarse a la nueva normalidad. A la adaptación de las instalaciones y rutinas para mantener la distancia de seguridad se suma que "tenemos que reforzar la limpieza, asegurar que haya personal sanitario que pueda ir haciendo una monitorización de la situación, o disponer de planes de contingencia por si ocurre algo..." Un sobrecoste asumido hasta ahora por este tipo de centros, que se estima en 17.000 euros mensuales, y que sin ayudas estatales será imposible mantener.

Televisión Española realizó ayer este reportaje en una residencia de la Fundación Gil Gayarre (Plena inclusión Madrid), tras el rechazo del Congreso de las propuestas para la reconstrucción en el ámbito de las políticas sociales. Tanto Cermi, como la Plataforma del Tercer Sector, como Plena inclusión (junto a su entidad AEDIS), lanzaron sendos comunicados manifestando su malestar por esta falta de compromiso público con los colectivos más devastados por la pandemia. Porque, como afirma Galván, el reto ahora no es solo que estos colectivos -como el de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo-, puedan preservar su propia seguridad, sino que también puedan seguir desarrollando proyectos de vida independiente, y eso significa inversión en lo social.

En la nota publicada ayer por Plena inclusión y AEDIS, los presidentes de ambas organizaciones, Santiago López y Bernabé Blanco, manifestaban respectivamente que en estos momentos "el sector social necesita más que nunca el compromiso político para hacer frente a las consecuencias de la pandemia, ya que las personas con discapacidad y sus familias son uno de los colectivos que más están sufriendo”, y que "esta ausencia de consenso político supone una falta de reconocimiento y visión de Estado del importante papel que juega el sector social, y que se ha demostrado en esta Pandemia".